Por
esta época del año llega la navidad, pero también las expectativas por los
incrementos salariales, se nos volvió costumbre que la comisión tripartita,
gobierno, sindicatos y empresarios, se reúna en esta época, para discutir el
monto con el que sobrevivirán los trabajadores formales en nuestro país durante
el próximo año.
Las
cifras en Colombia dan cuenta que existe una población ocupada actualmente de
20,5 millones de personas de las cuales 6 millones y medio de trabajadores y
empleados formales se beneficiarán del incremento al salario mínimo, 10
millones de trabajadores ganan menos del salario mínimo y dos millones y medio
están desempleados y buscando trabajo.
Fijar
la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador, tiene como objetivo
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los
trabajadores formales en Colombia. Para el 2012 se fijó en $566.700, con este monto el trabajador debe pagar
gastos de alimentación, salud, vivienda, educación, vestido y recreación
de su familia, es indudable que pueda alcanzar para cumplir con sus objetivos,
puesto que este valor se convierte en irrisorio frente a las demandas de las
necesidades y no es posible cubrirlas
todas con tan poco dinero.
Desde
ya auguramos una difícil faena en esta negociación. Lograr una puesta en común alrededor de un valor justo será casi
imposible, toda vez que dicha negociación se convierte en una puja por el
centavo menos para los empresarios y el centavo más para los trabajadores, con
el arbitraje del gobierno, esta situación contraria el espíritu de la norma que
busca lograr que los intereses de las partes involucradas confluyan en un punto
que permita el equilibrio.
Las
posiciones de las partes están distantes, así lo han manifestados, ANIF propone
un alza de 4,2%, (3% de
inflación y 1,2% de productividad). También lo hizo el director de
Fedesarrollo, Leonardo Villar, “se espera
una inflación cercana al 3%, eso sería lo más recomendable". Explicando
que “establecer un salario mínimo demasiado alto frente al ingreso per
cápita puede generar más informalidad y desempleo, advirtió. Por su
parte los sindicatos que representan los trabajadores tienen fijados sus ojos
en un generoso 10%, para garantizar una mejor calidad de vida de la clase
obrera de nuestro país.
Como
se puede observarse los empresarios
asumen la defensa por mantener sus bajos costos de mano de obra y su baja carga
laboral y prestacional por lo que ofrecen
un porcentaje muy alejado de las aspiraciones de los sindicatos.
Entre
empresarios y sindicatos están los representantes del gobierno, en cabeza del
ministro de trabajo, quien tiene el papel de ser el garante, ecuánime en esta
decisión y por ningún motivo deberá tomar partido por alguno de las partes,
asumir una posición imparcial es el deber ser, sin embargo, después que el
ministro Pardo gestara la derrotada reforma de las cesantías que proponía
dejarle el 50% a los fondos privados, ya
todos podemos imaginarnos hacia quien se inclinará la balanza del gobierno en
esta comisión tripartita.
En
últimas al gobierno parece no preocuparles esa gran franja de colombianos recibe
poco ingresos o que se queda sin
ingresos, que sobrevive en condiciones precarias, en cambio ha mostrado mayor
interés por generar grandes utilidades en las actividades empresariales, así lo
muestran las reformas laborales y
tributarias de los últimos tiempos, incluida la que cursa actualmente, han ido
encaminadas a restringir derechos, aliviar las obligaciones patronales y
recargar sobre la clase popular gran parte de las obligaciones tributarias.
Así
las cosas, no se necesita ser adivino para saber que el incremento del salario mínimo
estará más cerca de la cifra que proponen los empresarios que de las exceptivas
de los trabajadores, para seguir auspiciando las desigualdades que en gran medida dan origen a la violencia y
a la inseguridad que convive en nuestro país.
